Resistencia sin control: denuncian vacío legal en las apps de transporte tras un caso de abuso sexual
El municipio de Resistencia bajo la lupa por la falta de regulación de las apps de transporte: el abuso sexual reaviva el debate. La falta de regulación de las apps de transporte habilita graves violaciones a derechos humanos.
La Cooperativa de Motomandados de Resistencia expresó su profunda preocupación ante la ausencia de regulación y control municipal sobre las aplicaciones de transporte y delivery que operan en la ciudad. Según la organización, esta omisión estatal genera un contexto de vulnerabilidad que expone a las y los usuarios —en especial mujeres y niñas— a situaciones de violencia y violación de derechos humanos.
Un hecho que encendió las alarmas
Según su relato, tras solicitar el viaje hacia la casa de su madre, el chofer desvió el recorrido, detuvo la moto y cometió el abuso.
La víctima aportó capturas de pantalla con los datos del conductor y de la motocicleta involucrada, que figuran en la aplicación utilizada.
Falla estatal en control y prevención
Desde la cooperativa advierten que no existe una supervisión municipal efectiva sobre estos servicios, ni en su habilitación ni en los mecanismos de control de seguridad.
Entre los principales puntos críticos señalan:
Ausencia de verificación de antecedentes de los conductores y del estado de los vehículos.
Falta de cobertura de seguros obligatoria y protocolos de actuación ante emergencias o casos de violencia.
Vacío normativo que permite operar a actores sin control estatal, incrementando los riesgos para la población.
Carencia de sanciones o fiscalización real, lo que reproduce un escenario de impunidad y desprotección.
“La falta de regulación municipal deja a las y los usuarios a merced del azar, en un contexto donde el derecho a la movilidad segura no está garantizado”, señalaron desde la entidad.
Consecuencias concretas
El caso reciente —afirmaron— evidencia un patrón preocupante:
Los abusos y agresiones contra usuarias se vuelven posibles ante la ausencia de controles.
Se generan “zonas grises” de responsabilidad: ni el municipio, ni la app, ni el conductor asumen de forma efectiva los daños sufridos por las víctimas.
Se erosiona la confianza ciudadana en el sistema de transporte, afectando la movilidad urbana y el derecho de las mujeres a transitar la ciudad con seguridad.
La falta de estadísticas y transparencia impide prevenir riesgos o evaluar políticas públicas.
“Exigimos que el municipio de Resistencia asuma su responsabilidad, actúe con celeridad y firmeza, y garantice una movilidad que respete la dignidad, la seguridad y la igualdad de quienes la utilizan”.
Reclamos al municipio de Resistencia
La Cooperativa de Motomandados exigió al Estado municipal una acción inmediata y concreta. Entre los puntos principales del reclamo se destacan:
Promulgar una normativa específica para regular las apps de transporte (en moto, auto u otros vehículos).
Establecer un registro obligatorio de conductores, con verificación de antecedentes penales y de tránsito.
Implementar controles vehiculares y seguros vigentes, además de una habilitación municipal periódica.
Crear un registro público de apps y unidades autorizadas, accesible para la ciudadanía.
Fortalecer el área de fiscalización municipal, con capacidad para inspeccionar, sancionar y clausurar servicios informales.
Desarrollar campañas de prevención y asistencia a víctimas, especialmente dirigidas a mujeres, adolescentes y colectivos vulnerables.
Incorporar un mecanismo de reparación integral para quienes sufran abusos en el marco de estos servicios, con acompañamiento institucional y patrocinio jurídico gratuito.
Conclusión: la omisión también vulnera derechos
“La protección del derecho a la movilidad segura no puede depender del buen criterio de cada conductor o de la buena voluntad de las plataformas”, subrayaron desde la cooperativa.
“El Estado municipal tiene la obligación de garantizar estándares mínimos de seguridad, transparencia y control. Su inacción no es un error técnico, sino una forma de violencia institucional que expone a las personas a riesgos de abuso, explotación y vulneraciones graves de derechos humanos”, remarcaron.
Finalmente, Fabio Zerpa, presidente de la organización, llamó a una respuesta urgente: “Exigimos que el municipio de Resistencia asuma su responsabilidad, actúe con celeridad y firmeza, y garantice una movilidad que respete la dignidad, la seguridad y la igualdad de quienes la utilizan”.
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