Río de Janeiro reactiva las bonificaciones a policías que maten o incauten armamento
La Asamblea Legislativa de Río de Janeiro aprobó este martes un proyecto de ley que restablece las gratificaciones especiales para los agentes de la Policía Civil que incauten armas de uso restringido o que “neutralicen” a sospechosos durante operativos.
La iniciativa, presentada dentro de un paquete de seguridad pública a pedido de legisladores aliados del gobernador Cláudio Castro (Partido Liberal), contempla incrementos salariales que van desde un 10% hasta un 150%, dependiendo del tipo de armamento requisado o de los delincuentes abatidos.
El texto aún debe ser sancionado por Castro, quien tiene un plazo de quince días para tomar la decisión. La medida, sin embargo, ya genera controversia tanto en la oposición como en sectores del propio oficialismo. Para la diputada de izquierda Dani Monteiro, el plan supone “un bono lejano oeste” y representa un retroceso en términos éticos y presupuestarios: “Si alguien comete un delito, debe responder ante la Justicia, no caer abatido por la pistola de un policía”, advirtió.
Críticos también recuerdan la experiencia de 1995 a 1998, cuando estuvo en vigor un programa similar y el número de muertes en operativos se duplicó. Solo en 2024, Río de Janeiro registró 703 fallecidos en acciones policiales, de acuerdo con datos oficiales.
A pesar de las objeciones, un bloque de diputados ya trabaja para ampliar las recompensas a la Policía Militar, lo que podría debatirse en el pleno legislativo la próxima semana. “Es una forma de valorar la labor policial y devolver el miedo a los criminales”, sostuvo el diputado Marcelo Dino, defensor del proyecto.
De prosperar la propuesta, Río de Janeiro se convertirá nuevamente en el único estado brasileño en pagar gratificaciones económicas a sus fuerzas de seguridad en función del resultado letal de sus operativos.
