Sergio Massa y los jubilados: las contradicciones de un discurso de protección
Su paso por la Anses, la Jefatura de Gabinete, la Cámara de Diputados y el Ministerio de Economía dejaría una pregunta incómoda: ¿cuánto habría contribuido Sergio Massa al deterioro de los ingresos de quienes prometía proteger?
Por Infoqom | Columna de opinión
Partiendo de la hipótesis de «Massa fue un ajustador de los jubilados», que tomamos de base para esta columna, planteamos un cuestionamiento que atraviesa distintas etapas de la trayectoria de Sergio Massa: los jubilados habrían sido una variable de ajuste durante gobiernos en los que ocupó puestos centrales de decisión.
La crítica merece ser considerada porque obliga a mirar más allá de los discursos. La defensa de los jubilados debería medirse por el poder adquisitivo de sus haberes y por la preservación de los recursos previsionales. Las declaraciones de compromiso pierden fuerza cuando los ingresos alcanzan cada vez menos.
El primer señalamiento se concentra en su conducción de la Anses, entre 2002 y 2007. Según el documento, numerosos haberes por encima de la mínima habrían quedado rezagados frente a la inflación. La referencia al fallo «Badaro» expone el conflicto por las actualizaciones jubilatorias y sus consecuencias sobre quienes debieron reclamar judicialmente.
El cáncer es un término desafortunado para calificar al kirchnerismo, pero eso no quita fue un gran mal para la Argentina y tan dañino como esa terrible enfermedad…
Desde esa perspectiva, el deterioro previsional no habría comenzado con su llegada al Ministerio de Economía. Existiría una continuidad política que exigiría explicaciones: ¿qué responsabilidad le correspondería a quien administraba el organismo encargado de pagar las jubilaciones?
El segundo eje es el manejo de los recursos del sistema. Se cuestiona su participación en la reglamentación de la estatización de las AFJP y, años después, en las decisiones sobre los títulos en dólares de organismos públicos, entre ellos los del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
El 14 de octubre de 2010, Cristina Fernández de Kirchner vetó la ley que concedía el 82% móvil a las jubilaciones mínimas.
La objeción política resulta clara: si ese fondo debía contribuir a proteger el sistema previsional, cualquier operación orientada a atender urgencias financieras del Gobierno tendría que justificar de manera convincente sus beneficios para los jubilados. Porque las medidas de 2023 habrían privilegiado necesidades cambiarias inmediatas, con posibles perjuicios para el patrimonio previsional.
A ello se suma la discusión sobre la movilidad. Se atribuye a Massa responsabilidad política por las reformas impulsadas mientras presidía la Cámara de Diputados. Posteriormente, la inflación durante su gestión económica habría profundizado el deterioro de los haberes.
El cuestionamiento apuntaría, entonces, a una doble responsabilidad: haber acompañado un mecanismo de actualización insuficiente y haber conducido una economía cuya inflación agravaba esa insuficiencia. Aunque las decisiones fueron colectivas, ocupar cargos de esa relevancia supone responder por sus resultados.
Recordemos una denuncia por presunta malversación relacionada con ampliaciones presupuestarias, entre ellas recursos destinados a AySA, entonces presidida por Malena Galmarini, esposa de Massa. Esa denuncia no permite afirmar que existió un delito. Sí plantea una discusión política sobre la transparencia, los criterios de asignación y la rendición de cuentas cuando intervienen funcionarios con vínculos familiares.
Destinar fondos a una empresa pública no demuestra, por sí mismo, favoritismo. Pero quienes administran esos recursos deben explicar su destino y permitir que sus decisiones sean examinadas. La confianza pública necesita información comprobable.
En enero de 2002, durante la presidencia de Eduardo Duhalde, Sergio Massa fue designado al frente de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo que condujo hasta 2007.
La crítica de fondo es la distancia que habría existido entre la promesa de protección y los resultados de gestión. Massa no habría sido un observador de las políticas cuestionadas: habría intervenido, desde distintos cargos, en decisiones que afectaban los ingresos y los recursos de los jubilados.
Por eso, el debate no debería agotarse en quién pronuncia el discurso más sensible. Quien aspira a representar a los jubilados también debe rendir cuentas por lo que hizo cuando tuvo poder para decidir sobre su futuro.
