STJ entregó a otras dependencias estatales vehículos decomisados en la lucha contra el delito
El Superior Tribunal de Justicia entregó al Poder Ejecutivo, Tribunal de Cuentas y Fiscalía de Estado, vehículos recuperados en la lucha contra el delito que serán puestos al servicio de la ciudadanía en virtud de lo dispuesto por la ley 1238-A.
De esta manera Toyota Hilux y cinco motocicletas (dos Corven Energy 110cc, Honda Wave 110cc, Bajaj Rouser, Honda Falcon NX4) fueron para el Departamento de Logística de la Policía del Chaco; una Toyota Hilux para el Tribunal de Cuentas, un Volkswagen Polo para el traslado de víctimas, atención integral y prevención de las violencias en la Subsecretaría de Género y Diversidad del Ministerio de Justicia, Trabajo y Derechos Humanos y un Peugeot 208 para la Fiscalía de Estado.
En la ceremonia estuvieron presentes el presidente del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, Víctor del Río, sus pares Emilia María Valle y Enrique Varela; el procurador general, Jorge Canteros; la defensora general Alicia Alcalá; el procurador adjunto, Miguel Fonteina, los ministros de Seguridad Hugo Matkovich, y de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, Jorge Gómez; la secretaria general de la Gobernación, Carolina Meiriño; el fiscal de Estado, Alejandro Herlein; la presidenta del Tribunal de Cuentas, Elda Pértile, la vocal Beatriz Bogado y su par Oscar Cáceres; el jefe de Policía, Fernando Romero; la presidenta del Consejo de la Abogacía de Resistencia, Elisa Fernández Aselle; el titular del Colegio de Abogados de Resistencia, José Galassi. También fiscales de investigación y de Cámara: Roberto Villalba (Equipo Fiscal 6), Víctor Recio (Equipo Fiscal N° 13), Candela Valdez (Equipo Fiscal 15), Victor Recio, Luciano Santos (fiscal penal especial en Derechos Humanos), Noelia Encinas (fiscal de Cámara Primera en lo Criminal), integrantes del Poder Judicial, de otras dependencias del Estado y de las fuerzas de seguridad.
Se trata del segundo acto de este tipo realizado en 2024, luego del que tuvo lugar en julio cuando otro lote de vehículos fueron afectados al servicio de justicia para la Fiscalía de Investigación Rural y Ambiental de Machagai, Fiscalía de Investigación Rural y Ambiental de San Martín, Gabinete Científico del Poder Judicial, Equipo Interdisciplinario de Sáenz Peña y el Instituto Médico Forense. En tanto que la Policía del Chaco recibió dos motocicletas.
En el acto realizado la Sala de Armas y Efectos Secuestrados en el predio ubicado en el kilómetro 1.008 de la ruta 11, Del Río remarcó la importancia de poner en funcionamiento nuevamente estos vehículos y asignarlos a dependencias y organismos del Estado que los necesitan. Además sostuvo que es una iniciativa que «va a continuar».
En tanto que el ministro de Seguridad Hugo Matkovich valoró el gesto del Superior Tribunal de Justicia y su par de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, Jorge Gómez, afirmó: «es muy bueno que trabajemos todos juntos».
Por otra parte, Elda Pértile, titular del Tribunal de Cuentas, describió como «muy importante» la «cooperación del Estado al Estado» y el Fiscal de Estado, Alejandro Herlein, señaló que es una iniciativa de gran valor para los vínculos institucionales.
Recuperación de activos
El STJ trabaja hace tiempo en la implementación de una política de recuperación de activos para evitar el deterioro de los bienes decomisados, a la vez que fomenta la contribución y reparación en beneficio de la comunidad.
Estas acciones tienen lugar en el marco del compromiso internacional asumido por Argentina de avanzar con los pasos necesarios para identificar vienen y recuperar activos de origen ilícito.
Con ello cumple con la adhesión que, mediante leyes nacionales, se hizo de la: Convención de las ONU contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (ley Nº 24.072), la Convención Interamericana contra la Corrupción (ley Nº 24.759), la Convención Internacional Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y protocolos complementarios (ley Nº 25.632); la Convención Interamericana Contra el Terrorismo (ley Nº 26.023) y la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (ley Nº 26.097).
