Universidades y Gremios reclaman al gobierno nacional la aplicación de la ley de financiamiento y convocaron a una marcha federal
Ante la dilación del Gobierno en aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, el frente sindical y estudiantil convocó a una nueva movilización nacional para el 12 de mayo. Rectores y docentes alertan sobre una caída del 45,6% en transferencias, lo que compromete el funcionamiento de las casas de estudio.
La comunidad universitaria, frente a la demora del Gobierno en aplicar la Ley de Financiamiento, convocó a una nueva marcha federal para el 12 de mayo. Esta será la cuarta protesta en lo que va de la gestión de Javier Milei y busca defender la educación, la universidad pública y la ciencia nacional.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Gremial esperan una movilización masiva. La titular de la CONADU, Clara Chevalier, señaló lo que la comunidad espera de la sociedad: “Esperamos que el pueblo argentino dé una señal clara que quiere un país en el que los jóvenes de todas las clases sociales puedan ir a la universidad”.
Los rectores, docentes y estudiantes reclaman la aplicación efectiva de la ley sancionada por el Congreso. El Gobierno, por su parte, presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para suspender la ley y no avanzar con las mejoras salariales, la recomposición de becas y el sostenimiento de las partidas para los programas de investigación, tal como ordenaron dos fallos judiciales.
La postura del Gobierno y la réplica universitaria
Desde la Casa Rosada sostienen que la ley no indica las fuentes de financiamiento ni las partidas necesarias. Además, advierten que su cumplimiento podría afectar el equilibrio fiscal. Según el documento elevado por la Procuración del Tesoro, su aplicación implicaría reasignar más del 90% de los créditos disponibles para gastos primarios, lo que pondría en riesgo funciones esenciales del Estado.
Sin embargo, desde el sistema universitario rechazan ese argumento. El presidente de la FUA, Joaquín Carvalho, señaló que: “La ley solo representa el 0,23% del PBI, algo ínfimo para la Argentina”. En la misma línea, la titular de CONADU, Clara Chevalier, advirtió sobre la situación crítica que atraviesan las instituciones: “El sistema universitario no puede sobrevivir ante las condiciones de asfixia presupuestaria en la que estamos”.
El Consejo Interuniversitario Nacional, que representa a los rectores de las universidades públicas de todo el país, aseguró que las transferencias a las casas de estudios cayeron 45,6% desde 2023. De la partida presupuestaria para el sistema universitario, el 93% está destinado exclusivamente a los salarios. Sobre la situación salarial de los docentes, desde la CONADU remarcan que la pérdida de poder adquisitivo es “inédita” y estiman que el deterioro alcanza el 50%.
Defensa de la educación pública
Desde los sindicatos universitarios sostienen que la implementación de la ley permitiría actualizar las partidas destinadas al pago de salarios docentes y las becas estudiantiles. Los rectores aseguraron que, aun con una ley sancionada por el Congreso y con un fallo judicial ordenando su aplicación, “el Gobierno Nacional mira hacia otro lado y las respuestas no aparecen”.
Frente a este escenario, la comunidad universitaria volverá a movilizarse en las calles el próximo 12 de mayo. El presidente de la FUA, en su mensaje al Gobierno, afirmó: “Les pedimos que escuchen, no a nosotros como organización gremial, sino a los estudiantes de la Argentina. La soberbia fracasó: hay que cuidar lo que funciona”. Desde el CIN plantearon la importancia de la educación pública para el desarrollo del país: “Es la educación pública que iguala y nos hace libres. Es el conocimiento y la ciencia que alumbran el desarrollo. Es de las cosas que funcionan bien en la Argentina y defenderla es también un compromiso de todas y todos”.
El reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario se mantiene desde 2024 y derivó en tres movilizaciones federales previas. El 21 de octubre de 2025, el Gobierno promulgó la ley de financiamiento universitario, luego que el Congreso rechazara los vetos del presidente Javier Milei. Sin embargo, su ejecución quedó suspendida hasta que se determinen las fuentes de financiamiento y se incluyan las partidas correspondientes en el Presupuesto.
Esta situación profundizó el conflicto con las universidades, que reclaman su implementación efectiva. En paralelo, la discusión avanzó en la Justicia. Un fallo de primera instancia y su posterior confirmación en Cámara ordenaron la aplicación de artículos centrales de la ley, vinculados a la recomposición salarial y al financiamiento. El Estado apeló esas decisiones y el expediente continúa en discusión.
Por otra parte, el oficialismo envió un nuevo proyecto al Congreso que modifica la ley vigente. La iniciativa no contempla una recomposición por lo ocurrido en 2024 y 2025. Además, para 2026 establece que solo habrá una actualización del presupuesto si la inflación anual supera el 14,3%, es decir, si el IPC es mayor que la variación estimada, las universidades recibirán una actualización real para sus gastos de funcionamiento.
Fuente: MISIONESONLINE
