Ya hay fecha para el juicio por presunto lavado de activos contra el Clan Sena
El Clan Sena volverá a sentarse frente a un tribunal. Esta vez, el escenario será la Justicia Federal y el expediente pondrá bajo la lupa una presunta maniobra de lavado de activos vinculada con fondos públicos que habrían sido administrados a través de la Fundación Doctor Saúl Andrés Acuña.
El juicio oral contra Emerenciano Sena y Marcela Acuña comenzará el próximo 1 de septiembre, luego de que la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmara sus procesamientos y rechazara los planteos presentados por las defensas.
La investigación apunta a determinar si ambos participaron de un circuito mediante el cual recursos provenientes del Estado habrían sido retirados, utilizados y posteriormente reintroducidos al sistema económico intentando darles una apariencia de legalidad.
Una fundación en el centro de la investigación
La Fundación Doctor Saúl Andrés Acuña ocupa un lugar central en el expediente. La entidad era presidida por Emerenciano Sena, mientras que Marcela Acuña figuraba como tesorera, y durante los años analizados mantuvo una importante actividad económica vinculada con organismos del Estado chaqueño.
Según la investigación judicial, en 2023 la fundación facturó más de $186 millones al Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP). El año anterior también había registrado operaciones por más de $35 millones con el Ministerio de Infraestructura y por encima de los $15 millones con el IAFEP.
Los movimientos bancarios también llamaron la atención de los investigadores. Solo durante el primer semestre de 2023, las acreditaciones de la organización superaron los $140,9 millones. Una parte significativa de ese dinero habría sido retirada en efectivo por el propio Sena, una modalidad que, de acuerdo con la hipótesis fiscal, habría dificultado seguir el rastro de los fondos.
Las pericias contables agregaron otro elemento al expediente: importantes variaciones en diferentes partidas de los balances. Entre ellas, aparecen aumentos superiores al 450% en gastos relacionados con mano de obra y materiales, mientras que los gastos correspondientes a personal de salud crecieron cerca de un 477%.
Los investigadores sostienen que esas erogaciones no contaban con documentación suficiente para justificar su magnitud y tampoco encontraron empleados registrados que permitieran explicar parte de esos movimientos.
Cuarenta viviendas y un desembolso bajo sospecha
Entre los hechos que deberá analizar el tribunal también aparece un programa de construcción de viviendas sociales.
La fundación habría recibido anticipos para levantar 40 viviendas, pero las inspecciones realizadas posteriormente determinaron que las obras ni siquiera habían comenzado.
A esto se suma otro dato incorporado a la causa: la investigación detectó un faltante superior a los $62 millones en las cuentas de la organización. Para la acusación, ese movimiento forma parte de los elementos que permiten sostener la hipótesis de un posible desvío de recursos públicos.
Un nuevo capítulo judicial
Con el inicio del debate previsto para el 1 de septiembre, la Justicia Federal abrirá un nuevo capítulo en la extensa saga judicial que tiene como protagonistas a Emerenciano Sena y Marcela Acuña.
Ahora, el tribunal deberá evaluar las pruebas reunidas durante la investigación y determinar si existió la maniobra de lavado de activos que sostiene la Fiscalía.
Será, además, un proceso que llega después de otra condena de enorme impacto: ambos fueron sentenciados a prisión perpetua por su participación en el femicidio de Cecilia Strzyzowski.
El nuevo juicio no volverá sobre ese crimen. La discusión será otra y estará centrada en el dinero: de dónde salió, cómo circuló, dónde terminó y, fundamentalmente, si detrás de esos movimientos hubo una estructura destinada a convertir fondos públicos en recursos aparentemente legítimos.
Redacción Infoqom
