Las jubilaciones y pensiones administradas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) registrarán un incremento del 11% a partir del próximo mes de mayo, conforme a lo estipulado por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) número 274. Esta medida busca equiparar el aumento con la tasa de inflación correspondiente al mes de marzo, de acuerdo con datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). No obstante, aún no se han especificado los bonos adicionales que el Gobierno, encabezado por Javier Milei, pondrá a disposición para evitar que los haberes queden rezagados frente al aumento de los precios.
El aumento del 11% refleja la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo, que se ubicó en dicho porcentaje según los registros del INDEC. Como resultado de este ajuste, se espera que la jubilación mínima, actualmente en torno a los $171.283,31, aumente aproximadamente a alrededor de $190.124, mientras que la máxima, que actualmente alcanza los $1.152.574,47, se elevará hasta aproximadamente $1.279.358. Es importante destacar que estos valores son brutos y sujetos a los decimales del índice utilizado para su cálculo.
El aumento del 11% se aplicará sobre los ingresos correspondientes al mes en curso, los cuales ya han experimentado un incremento acumulado del 27,4% desde marzo. Con este nuevo ajuste, el incremento acumulado en los primeros tres meses del año ascenderá al 79,85%, compensando parcialmente la pérdida de poder adquisitivo ocasionada por el proceso inflacionario.
El DNU 274 establece una nueva modalidad para la actualización de las jubilaciones, utilizando el IPC como referencia mensual en lugar de la fórmula de movilidad contemplada en la Ley número 27.609. Si bien esta nueva modalidad entrará en vigor a partir de julio, durante el período de transición que abarca de abril a junio, se llevarán a cabo actualizaciones mensuales basadas en el IPC, acompañadas de aumentos adicionales.
Aún no hay definiciones sobre adicionales
A pesar de la claridad en cuanto al porcentaje de aumento, aún persiste la incertidumbre sobre los bonos adicionales, especialmente para aquellos jubilados que los perciben. Para el presente mes, el primero en el que se implementa la actualización por inflación de los haberes, el Gobierno ha decidido mantener el monto de estos bonos hasta un máximo de $70.000, luego de haberlos incrementado en marzo en un porcentaje muy similar al aumento de los ingresos por movilidad.
No obstante, a pesar de estas medidas de ajuste, los ingresos de los jubilados han sufrido una marcada disminución en términos reales en los últimos años.
De acuerdo con datos recopilados hasta febrero, en el último período de 12 meses, el valor real de los ingresos experimentó una caída que osciló entre el 29% y el 47%, dependiendo de la percepción o no de bonos durante ese período y en qué medida.
Esta situación ha generado inquietud en cuanto a la capacidad de los jubilados para mantener su nivel de vida ante el avance inflacionario.
¿Qué pasará con la moratoria previsional?
En otro orden de noticias relacionadas con el sistema previsional, se ha presentado un nuevo proyecto de Ley ómnibus que incluye la derogación de las moratorias previsionales. Estas moratorias, que han sido utilizadas por aproximadamente 800.000 personas para acceder a la jubilación sin cumplir con los 30 años de aportes requeridos por las normativas previsionales, quedarían anuladas en caso de que el texto sea aprobado en su versión actual.
La moratoria vigente permite a los interesados regularizar períodos de aportes no realizados hasta diciembre de 2008, mediante un plan de pagos que puede extenderse hasta 120 cuotas. Este acuerdo se gestiona directamente con la ANSES, y las cuotas acordadas se descuentan automáticamente del monto de la jubilación que la persona recibe al acceder al beneficio. Asimismo, se establece un plan específico para aquellos que se encuentren a menos de diez años de la edad de jubilación, permitiéndoles comenzar a saldar sus deudas previsionales con el objetivo de alcanzar la jubilación sin pasivos pendientes.
Estas políticas se implementaron con el fin de facilitar el acceso a una pensión para aquellos que, por diversas razones, no pudieron completar los requisitos formales de años de aportes, ofreciendo así una solución para mejorar su seguridad financiera en la vejez. Sin embargo, el Gobierno liderado por Javier Milei considera que las moratorias constituyen una de las causas de la debilidad del sistema, que ha sumado aproximadamente 4 millones de beneficiarios sin que las fuentes de financiamiento puedan cubrirlos.
En caso de que se apruebe la derogación propuesta, aquellos que no cumplan con los requisitos legales para jubilarse únicamente podrán acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), la cual equivale al 80% de una jubilación mínima.
Es importante resaltar que la derogación no afectaría los derechos adquiridos por aquellos que ya obtuvieron la jubilación mediante moratoria en el pasado. No obstante, aquellos que tenían previsto utilizar este mecanismo en el futuro se verían afectados por la medida, teniendo un tiempo limitado para regularizar sus aportes antes de la entrada en vigor de la nueva ley. Esto podría tener un impacto particularmente significativo en las mujeres que están próximas a cumplir la edad de jubilación y que perderían la posibilidad de acceder a la jubilación sin cumplir con los requisitos de aportes.
