Controversia en el STJ: audiencia clave por el habeas corpus y cautelar contra la Ley 4033-J que quita celulares a los presos
Esta norma, que restringe el uso de telefonía celular e Internet en los establecimientos penitenciarios, fue cuestionada por su impacto en los derechos de los internos.
En una audiencia clave celebrada en el Superior Tribunal de Justicia del Chaco, se debatió el habeas corpus colectivo y correctivo, junto con la medida cautelar presentada por la Defensoría General Adjunta y el Comité para la Prevención de la Tortura contra la ley 4033-J.
Esta norma, que restringe el uso de telefonía celular e Internet en los establecimientos penitenciarios, fue cuestionada por su impacto en los derechos de los internos. La audiencia, encabezada por el juez Enrique Varela, reunió a autoridades judiciales, del gobierno y representantes de diversas instituciones del ámbito penitenciario y de derechos humanos.
La audiencia
En el marco de la causa 2.522/2025-C, se celebró una audiencia en el Superior Tribunal de Justicia del Chaco sobre el habeas corpus colectivo y correctivo, junto con la medida cautelar presentada por la Defensoría General Adjunta y el Comité para la Prevención de la Tortura contra la ley 4033-J. Esta ley limita el uso de telefonía celular e Internet en los establecimientos penitenciarios de la provincia.
La audiencia fue presidida por el juez Enrique Varela, acompañado por sus colegas Iride Isabel María Grillo y Víctor del Río.
Estuvieron presentes también autoridades como el procurador general adjunto, Miguel Fonteina; la defensora general adjunta, Gisela Gauna Wirz; el ministro de Gobierno, Jorge Gómez; y representantes del Comité para la Prevención de la Tortura, la Fiscalía de Estado, la Policía del Chaco y el Ministerio de Seguridad, entre otros.
Por el CPT estuvo presente su presidenta, Bashe Charole y Roberto Sotelo; Pablo Rufino Ramos por la Fiscalía de Estado; Patricia Fernández por el Ministerio de Seguridad.
También Walter Kiverling y Gustavo Kubicek por la Policía del Chaco; Juan Manuel Barranco Cortés por el Departamento Judicial del Servicio Penitenciario Provincial; Juan de la Cruz González, subsecretario de Seguridad; Juan Ignacio Díaz, asesor del Ministerio de Gobierno y la secretaria autorizante, Nélida Arébalo.
