Pensiones Truchas: la Cámara de Apelaciones desestimó la nulidad requerida por la defensa del intendente de Taco Pozo
La Cámara Federal de Apelaciones por mayoría resolvió no hacer lugar al recurso de apelación deducido por la Defensa Técnica de Carlos Antonio Ibáñez intendente de Taco Pozo, por el Expediente caratulado “incidente de nulidad: Ibáñez, Carlos Antonio por defraudación contra la administración pública” en la causa Pensiones Truchas proveniente del Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco).
El tribunal decidió que “sólo procede la declaración de nulidad, cuando el vicio afecta determinantemente la defensa en juicio, lo que entendemos no ocurrió en el caso, toda vez que los hechos objeto de investigación se encuentran especificados en los actos procesales cumplidos durante el proceso, y todas las pruebas obran agregadas al expediente digital de modo que se encuentra debidamente garantizado el derecho de defensa en tal sentido. Corresponde entonces el rechazo de la impugnación articulada”.
La Dra. Adriana Gisela De Langhe en representación de Carlos Antonio Ibáñez, planteó ante el Juzgado de Sáenz Peña “la nulidad de la imputación formulada a su defendido en las audiencias”, porque “a través de dichos actos, se han violado los principios de debido proceso y de defensa en juicio, así como las previsiones del código de forma. Argumentó que “el hecho objeto de acusación fue impreciso, ambiguo e indeterminado”, sumado a que según su presentación “la imputación es una copia textual de la denuncia que da origen a las actuaciones, lo que conlleva la invalidez del acto al apartarse de las exigencias constitucionales”.
De Langhe puntualizó “que no se ha descripto el hecho ni la conducta contraria a la ley -con el grado de participación pertinente- que habría llevado a cabo el Intendente en el otorgamiento de pensiones, ya que podría ofrecer un gran cúmulo de pruebas en el ejercicio de su defensa”.
Ibáñez entiende ”que el ejercicio de la defensa técnica se vio truncado en el planteo del caso, en virtud de que no puede defenderse si desconoce los elementos incriminantes que se le formulan», por lo que la Dra. Adriana Gisela De Langhe interpuso recurso de apelación por considerar que “lo resuelto le causa gravamen irreparable a su defendido” por lo que “el Magistrado no da fundamentos lógicos por los cuales considera que a la Defensa no le asiste razón en su pedido de resguardo de derechos y garantías del imputado”.
El Ministerio Público Fiscal Federal manifestó su no adhesión al planteo defensivo promovido y redobló “con idéntico argumento apelo el procesamiento de Ibáñez. En conclusión, la Cámara no creo diga algo diferente a lo que dijo en la nulidad” revelaron fuentes judiciales.
Fiscal federal Carlos Amad, imagen de archivo.
Cual causa es de las dos que imputan al «Chivo» Ibáñez
Infoqom consultó con la fiscalía ¿cuál causa es? Taco Pozo es una localidad distante a 482 kilómetros de Resistencia, capital del Chaco, son casi 6 horas de viaje, está en el extremo de la provincia, en 2010 contaba con 7.813 habitantes y el intendente de la localidad es Carlos «Chivo» Ibáñez que tiene dos imputaciones:
Causa UNCAus acusan a Carlos Ibáñez de adquirir un inmueble, casi 30 vehículos y de poner en circulación fondos, en calidad de «testaferro», de Omar Judis.
En la causa “Pensiones truchas” s/Defraudación contra la Administración Pública, la investigación comenzó a partir de la denuncia recibida en el mes de febrero del año 2023 por parte en donde una ciudadana, que relató que en la localidad de Taco Pozo se venían dando varias irregularidades en el otorgamiento de las PNC por discapacidad.
De la investigación realizada por la Fiscalía se pudo establecer que, en Taco Pozo operaba una red de personas donde cada una de ellas con roles definidos que van desde gestores, médicos y directores de hospital, médicos del sector privado, empleados de ANSES y hasta el propio jefe comunal quien orquestaba el accionar de este grupo de personas, donde no solo está imputado el intendente sino su hija la doctora Gabriela Ibáñez. Las maniobras aludidas consistían en el trámite para el otorgamiento de Pensiones no contributivas por Discapacidad, fraguando para ello, los Certificados Médicos Oficiales (CMO) al consignar en ellos patologías o diagnósticos inexistentes, con el consiguiente cobro a los beneficiarios a sabiendas de que la gestión de las PNC es un trámite totalmente gratuito. Con la presente investigación se pudo precisar que varios beneficiarios con incapacidad laboral con porcentajes superiores al 85%, se encontraban trabajando en actividades bajo la dependencia del municipio local. Todos ellos, obtuvieron réditos de diversa índole como económico, laborales y políticos, y en cuanto a los beneficios relevados una remuneración mensual sin merecerlo al no cumplir con los requisitos exigidos por la ley para la percepción de las PNC. Con tal maniobra se produjo un descalabro a las finanzas públicas en el período investigado que va desde el año 2.020 al 2.023, por el cual el erario público desembolsó más de 800 millones de pesos anuales en concepto de pago de PNC por discapacidad, a través de los fondos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
