Fuerte reclamo de la Iglesia al Gobierno nacional por el freno a obras en barrios populares
La Iglesia Católica, junto a organizaciones sociales, cuestionó con dureza la decisión del Gobierno nacional de avanzar con el cierre de la Subsecretaría de Integración Sociourbana (SSISU) y advirtió que la paralización de obras afecta a millones de personas que viven en villas y asentamientos de todo el país.
El planteo fue encabezado por el arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina, Gustavo Carrara, quien alertó sobre el impacto del ajuste en infraestructura básica en los barrios populares. Bajo la consigna “Sin integración socio urbana no hay futuro para 5 millones de personas”, representantes eclesiales y referentes territoriales expresaron su preocupación por la no renovación de contratos a unos 300 trabajadores del organismo.
La Subsecretaría de Integración Sociourbana (SSISU) era el área encargada de planificar y ejecutar proyectos de infraestructura en asentamientos vulnerables. Según los expositores, la reducción presupuestaria y el virtual congelamiento del área implicaron la paralización de más de 700 obras en todo el país y la interrupción del programa Mi Pieza, destinado a mejoras habitacionales.
Carrara sostuvo que las políticas sociales no pueden limitarse a transferencias de ingresos, como la Asignación Universal por Hijo o la Tarjeta Alimentar, si no se garantizan servicios esenciales como agua potable, cloacas y acceso a centros de salud. “Estamos hablando de cosas básicas”, remarcó el prelado en declaraciones radiales, al tiempo que advirtió sobre el riesgo de que el Estado se retire de los territorios más vulnerables.
El ajuste comenzó con la disolución del Fondo de Integración Sociourbana (FISU), que pasó a la órbita del Ministerio de Economía, conducido por Luis “Toto” Caputo, mediante el decreto 312/25. Desde el Poder Ejecutivo se cuestionó el funcionamiento del fondo y se denunció por presuntas irregularidades al dirigente Juan Grabois, quien posteriormente fue sobreseído por la Justicia al no encontrarse pruebas de malversación.
Durante un panel de la Mesa Nacional de Barrios Populares también participaron el director ejecutivo de TECHO Argentina, Juan Maquieyra; la exsubsecretaria de Gestión de Tierras, Fernanda García Monticelli; y la referente social Lila Calderón, del Barrio Obrero de Cipolletti. Allí se expuso que más de 11.000 mujeres quedaron afectadas por la suspensión del programa Mi Pieza y que la paralización de obras agrava la precariedad en barrios donde viven 1.237.795 familias, según datos del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).
La política de integración sociourbana fue establecida en 2016 e institucionalizada en 2018 mediante la ley 27.453, consolidándose como una política de Estado durante distintas gestiones, entre ellas las de Mauricio Macri y Alberto Fernández.
En medio de la controversia, el Juzgado Federal de Pehuajó dictó medidas cautelares que ordenan al Estado garantizar la continuidad de la política pública y suspenden los intentos de disolución del FISU.
Mientras tanto, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) realizó una protesta en Plaza de Mayo frente a la Casa Rosada, donde montaron casillas de madera para simbolizar un barrio de emergencia y visibilizar el reclamo ante el gobierno de Javier Milei.
Fuente: Infobae
