Capi Rodríguez en el ojo de la tormenta: borrado de datos y afiliaciones fraudulentas
El presidente de La Libertad Avanza en Chaco, Capi Rodríguez, se encuentra envuelto en una grave controversia judicial y política que ha despertado preocupación en distintos ámbitos. Rodríguez fue imputado por el fiscal Patricio Sabadini por presuntas afiliaciones políticas fraudulentas, en las que se habrían registrado inscripciones de personas sin su consentimiento, fundamentales para la conformación del partido en la provincia.
La causa tomó un giro aún más polémico tras el procedimiento realizado para secuestrar el teléfono celular del dirigente. La jueza Niremberger ordenó la requisa del aparato y otras diligencias a cargo de la Prefectura, con la finalidad de preservar pruebas clave para la investigación. Sin embargo, el operativo ejecutado el pasado 29 de agosto fue cuestionado por la fiscalía y la magistratura.
Según detallaron las autoridades judiciales, cuando Rodríguez fue interceptado a la entrada de su domicilio, recibió la orden judicial para entregar su celular. No obstante, ingresó a su departamento y permaneció en él por aproximadamente 11 minutos antes de entregar el dispositivo. En ese lapso, alegó haber olvidado la clave para desbloquearlo. Este hecho generó la sospecha de que se permitió borrar información relevante para la causa, situación que ha sido calificada por el fiscal Sabadini como una grave negligencia.
El fiscal expresó su malestar con duras palabras, señalando que se sintió burlado por la forma en que se desarrolló el procedimiento, mientras que la jueza Niremberger coincidió en que las imágenes y el informe de Prefectura evidencian un incumplimiento que afecta la integridad de la investigación.
Ante esta situación, se notificó a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, destacando la necesidad de que las fuerzas federales actúen con eficiencia y responsabilidad en este tipo de operativos. El fiscal Sabadini enfatizó que la correcta actuación de las fuerzas es fundamental para la credibilidad de su gestión y para el adecuado avance del proceso judicial.
Mientras tanto, la investigación sobre las presuntas afiliaciones fraudulentas continúa abierta y bajo la lupa de la opinión pública. Este episodio no solo afecta la imagen del dirigente sino que también pone en tela de juicio los mecanismos de control dentro de la política provincial.
El caso promete nuevas repercusiones y es un llamado de atención sobre la importancia de garantizar la transparencia y la correcta administración de justicia en todos los niveles.
