Comodoro Py: al menos 5 de los 8 jueces federales tienen familiares que trabajan en la Justicia
Una investigación de Chequeado reveló que al menos cinco de los ocho jueces federales de primera instancia que actualmente ocupan sus cargos en Comodoro Py tienen familiares que trabajan en el Poder Judicial de la Nación. El relevamiento también identificó vínculos familiares alrededor de integrantes de la Cámara Federal porteña y puso el foco en un sistema de designaciones que no aplica concursos públicos de ingreso en el ámbito judicial.
El informe, realizado por Manuel Tarricone e Ignacio Ferreiro, fue publicado este martes 25 de agosto y relevó los vínculos familiares existentes entre magistrados, funcionarios y empleados de distintos organismos relacionados con la Justicia federal porteña.
Comodoro Py concentra 12 juzgados federales de primera instancia, aunque actualmente cuatro se encuentran vacantes. Estos tribunales intervienen en investigaciones sobre delitos federales, entre ellos causas de corrupción vinculadas con funcionarios de la Administración Pública Nacional.
Qué detectó la investigación
De acuerdo con el relevamiento, 5 de los 8 jueces federales de primera instancia que actualmente están a cargo de sus juzgados tienen familiares trabajando en el Poder Judicial. La investigación también encontró que 2 de los 6 jueces de la Cámara Federal porteña tienen familiares dentro de la Justicia.
Uno de los ejemplos mencionados involucra a María Servini y Ariel Lijo. En el Juzgado Federal Nº 1, a cargo de Servini, trabaja Santiago Lijo, hijo de Ariel Lijo, titular del Juzgado Federal Nº 4. En este último tribunal, a su vez, trabaja Agustina Cubría, nieta de Servini.
El relevamiento señala además otros vínculos alrededor de Servini. Su hijo Eduardo Cubría está a cargo de una fiscalía criminal porteña y su nieta Agustina trabaja en el juzgado de Lijo. Otro de sus hijos, Juan Carlos Cubría, ocupó cargos en el Consejo de la Magistratura.
Los vínculos alrededor de Ariel Lijo
El apellido Lijo aparece en distintos ámbitos de la Justicia. Según Chequeado, Nicolás Lijo, sobrino del magistrado, trabaja en un juzgado Penal Económico.
La investigación también menciona vínculos derivados de relaciones familiares y matrimoniales. La primera esposa de Ariel Lijo, Silvia Cavallo, es actualmente fiscal federal de Quilmes y hermana del ex juez y ex camarista Gabriel Cavallo. Una hija de Cavallo, Mercedes Cavallo, trabaja como secretaria en el juzgado de Lijo.
Tras su divorcio, Lijo contrajo matrimonio con Magalí Mazzuca, quien se desempeña como secretaria letrada en la Corte Suprema.
En el juzgado también trabaja Estefanía Borinsky, hija del camarista de Casación Penal Mariano Borinsky, y Santiago Rodríguez Ponte, familiar de un ex funcionario de ese tribunal.
También aparecen otros jueces de Comodoro Py
El relevamiento de Chequeado también identificó vínculos familiares alrededor de Marcelo Martínez de Giorgi, quien interviene en la causa $LIBRA. Su esposa, Ana María Juan, fue funcionaria de la Cámara Federal porteña y recientemente fue designada jueza federal en Hurlingham.
La pareja tiene dos hijos que trabajan en juzgados criminales ordinarios de la Ciudad de Buenos Aires. Además, en el juzgado de Martínez de Giorgi trabaja Josefina Hornos, hija del camarista penal económico Roberto Hornos y esposa de Rodrigo Giménez Uriburu, juez de un Tribunal Oral Federal porteño.
En el caso de Sebastián Casanello, su hijo Mateo Casanello trabaja en un juzgado criminal ordinario porteño. En el tribunal del propio Casanello también se desempeña Aldana Freiler, hija del ex camarista Eduardo Freiler.
Por otra parte, el juez Sebastián Ramos tiene un hermano, Martín Ramos, que fue designado juez federal de Morón en 2016.
Qué ocurre en la Cámara Federal
Los vínculos familiares no se limitan a los juzgados de primera instancia. La investigación también detectó relaciones familiares en la Cámara Federal porteña.
Entre los casos mencionados aparecen Sebastián Pacilio y Nicolás Pacilio, hijos del ex camarista federal de La Plata Antonio Pacilio. Nicolás fue recientemente designado juez de un Tribunal Oral Federal porteño.
También se menciona al camarista Eduardo Farah. Dos de sus hijos tuvieron o tienen relación laboral con la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, conocida como Dajudeco, organismo encargado de las escuchas judiciales y dependiente de la Corte Suprema.
En la misma dependencia aparecen otros familiares de integrantes o exintegrantes del sistema judicial, entre ellos Malena Canicoba, hija del ex juez federal Rodolfo Canicoba Corral; Nicolás Aguinsky, hijo del juez penal económico Marcelo Aguinsky; Mateo Stornelli, hijo del fiscal federal Carlos Stornelli; y Santiago Taiano, hijo del fiscal federal Eduardo Taiano.
Qué dice la normativa sobre los familiares
La investigación recuerda que el Reglamento para la Justicia Nacional establece restricciones para que los jueces no puedan nombrar directamente en sus propios tribunales a determinados familiares cercanos.
El artículo 12 establece, entre otras prohibiciones, que no pueden ser designados familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad o afinidad cuando deban trabajar bajo la dependencia inmediata del funcionario que realiza el nombramiento.
Sin embargo, esa regulación no impide los denominados “nombramientos cruzados”: un familiar puede trabajar en otra dependencia judicial diferente a aquella que está a cargo de su pariente.
Una ley de concursos que nunca se implementó en el Poder Judicial
Otro de los puntos centrales de la investigación es el mecanismo de ingreso a la Justicia.
En 2013, el Congreso sancionó la Ley de Ingreso Democrático e Igualitario de Personal al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público de la Nación, que establecía concursos públicos como mecanismo de ingreso. La norma se aplica en la Procuración General y en la Defensoría General, pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación nunca reglamentó su aplicación para el Poder Judicial, por lo que ese mecanismo no entró en vigencia en ese ámbito.
Para la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), esta situación mantiene un esquema de incorporación de personal que históricamente estuvo ligado al entorno de quienes ya trabajan en el Poder Judicial.
El informe citado por Chequeado sostiene que la implementación efectiva de mecanismos de ingreso democrático constituye una de las reformas necesarias para garantizar mayor transparencia y objetividad en las designaciones.
El dato que abrió el debate
La investigación también pone el foco en las condiciones salariales del Poder Judicial. Según la escala publicada por el Consejo de la Magistratura de la Nación, los salarios brutos parten de aproximadamente $1,8 millones para ayudantes y alcanzan cerca de $4,9 millones para secretarios de juzgado, sin contemplar algunos componentes que pueden incrementar esas cifras.
El especialista Alberto Binder, consultado para el informe, consideró que el fenómeno del nepotismo dentro de la Justicia se profundizó a medida que los cargos judiciales adquirieron mayor atractivo económico.
De todos modos, la propia investigación realiza una aclaración fundamental: la existencia de vínculos familiares no demuestra por sí misma nepotismo, irregularidades ni falta de idoneidad de las personas mencionadas.
El punto que plantea el relevamiento es otro: ante la ausencia de procedimientos abiertos y competitivos de selección en buena parte del Poder Judicial, resulta difícil determinar desde afuera si las designaciones respondieron exclusivamente al mérito profesional o si también tuvieron influencia los vínculos personales.
Así, el dato de que al menos cinco de los ocho jueces de primera instancia de Comodoro Py tengan familiares dentro de la Justicia vuelve a poner bajo discusión la transparencia en el ingreso y la conformación de uno de los principales núcleos del Poder Judicial federal argentino.
