De la ayuda social al banquillo: piden juicio para «Tito» López por lavado, fraude y asociación ilícita

La Justicia Federal avanza con la causa contra «Tito» López: la Fiscalía pidió la elevación a juicio por lavado, asociación ilícita y fraude al Estado.

Infoqom pudo acceder a la información que confirma que la Fiscalía Federal de Resistencia, a cargo de Patricio Nicolás Sabadini, solicitó la elevación parcial a juicio oral de una de las causas más resonantes de los últimos años en la provincia del Chaco: se trata del expediente en el que están imputados Ramón Alberto “Tito” López, su esposa Librada Beatriz Romero y otros presuntos integrantes de una estructura delictiva investigada por los delitos de lavado de activos, asociación ilícita y defraudación contra la administración pública.

El requerimiento fue presentado ante el Juzgado Federal que interviene en la causa caratulada “LÓPEZ, RAMÓN ALBERTO Y OTROS S/ INFRACCIÓN ART. 303 INC. 2 A, ASOCIACIÓN ILÍCITA Y DEFRAUDACIÓN CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA” (FRE 11335/2020), y sostiene que la etapa de instrucción ya está concluida en lo que respecta al núcleo principal de imputados, por lo que deben ser sometidos a debate oral.

La investigación no se limita al matrimonio López-Romero. El expediente también apunta a la posible implicación de los hijos de la pareja, aunque el requerimiento actual se focaliza en la elevación a juicio de los principales imputados. La Fiscalía, a lo largo de la instrucción, habría analizado los perfiles económicos de los descendientes para determinar posibles roles en la cadena de lavado de activos y el flujo de fondos que habrían provenido de las maniobras ilícitas.

Asimismo, la compleja trama investigada incluye a otros actores, entre ellos Walter Pasko. Si bien los detalles de su participación no se exponen en este requerimiento de elevación parcial a juicio, su mención en el contexto de la causa sugiere una conexión con la presunta red de defraudación y lavado que operaba en la provincia. La Justicia Federal continúa profundizando en los distintos eslabones de esta estructura delictiva para desentrañar la totalidad de la operación.

Los Hechos Imputados: Una Estructura Familiar en la Mira Judicial

La Fiscalía Federal ha delineado claramente los hechos imputados a los acusados, sustentándose en el marco fáctico inicial y las pruebas de convicción ya incorporadas a la causa. En el centro de la acusación se encuentra Ramón Alberto “Tito” López, pero la imputación se extiende a su círculo familiar más cercano, lo que sugiere una operación que trascendía lo individual y que presuntamente involucraba a lazos consanguíneos directos.

Específicamente, se atribuyen responsabilidades no solo a Ramón Alberto «Tito» López, sino también a sus hijos: David Alberto López, Walter Ramón López y Daniel Orlando López. Asimismo, la imputación alcanza a su esposa, Librada Beatriz Romero, consolidando la hipótesis de una estructura delictiva con participación familiar. Esta ampliación de los sujetos imputados desde el inicio de la causa revela la presunción de roles diversos dentro de la presunta organización.

La Fiscalía busca con estos cargos determinar las responsabilidades penales de cada uno de los mencionados en los delitos de lavado de activos de origen delictivo, asociación ilícita y defraudación contra la administración pública. La inclusión de los hijos en la imputación subraya la envergadura de la investigación, sugiriendo una compleja trama donde los bienes y fondos espurios habrían circulado a través de diferentes miembros del núcleo familiar, buscando dotar de una apariencia de legalidad a las maniobras ilícitas.

Están imputados por lavado de activos, asociación ilícita y defraudación al Estado.

Graves acusaciones contra el exreferente social y su esposa

De acuerdo con el escrito del Ministerio Público Fiscal, Ramón “Tito” López —con domicilio en calle Uruguay, entre Mitre y Sarmiento de Resistencia— enfrenta cargos como jefe y organizador de una asociación ilícita, coautor de fraude contra la administración pública y coautor de lavado de activos agravado por haberse cometido con habitualidad y de forma organizada.

Su esposa, Librada Beatriz Romero, fue procesada —aunque sin prisión preventiva— como coautora del delito de lavado de activos agravado, en una resolución que quedó firme ante la ausencia de apelaciones de su defensa.

Según la investigación, los imputados habrían creado una estructura con apariencia legal para canalizar fondos públicos hacia un circuito de enriquecimiento privado, utilizando fundaciones sin empleados ni sedes reales, que facturaron millones al Estado chaqueño. Entre las entidades mencionadas figuran “Los Dueños de la Raza”, “Buen Vivir y Trabajo” y “Construyendo País”, presuntas pantallas utilizadas para desviar recursos públicos, en especial desde organismos como el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP).

El Ministerio Público sostiene que hubo una “estructura delictiva organizada” que operaba con “impunidad y desparpajo”.

Patrimonio sin justificación y uso de fundaciones como “sellos de goma”

La Fiscalía argumenta que el patrimonio y estilo de vida de los acusados no guardan relación con sus ingresos declarados, lo que constituye un indicio clave de lavado de dinero. Durante la investigación se identificaron bienes muebles e inmuebles, vehículos, movimientos bancarios y fondos en efectivo cuya procedencia no pudo ser justificada, y que formarían parte del circuito financiero irregular montado por la organización.

Además, el requerimiento fiscal destaca que la operatoria delictiva fue desarrollada con “impunidad y desparpajo”, en una red donde los vínculos con reparticiones estatales fueron fundamentales para obtener contratos y convenios millonarios.

Entre las fundaciones investigadas están “Los Dueños de la Raza”, “Buen Vivir y Trabajo” y “Construyendo País”.

Hipótesis Principal del Fiscal Sabadini:

La hipótesis central del fiscal Patricio Nicolás Sabadini es que Ramón Alberto «Tito» López, junto con su esposa Librada Beatriz Romero y otros, conformaron una estructura delictiva organizada dedicada a la defraudación contra la administración pública y al lavado de activos de origen delictivo, operando con asociación ilícita. Esta estructura habría utilizado fundaciones de fachada para desviar fondos públicos, obteniendo un enriquecimiento patrimonial injustificado.

Principales Fundamentos para Elevar el Caso a Juicio:

Los fundamentos que expone el fiscal para solicitar la elevación a juicio se basan en la consideración de que la instrucción sumarial se encuentra completa respecto al núcleo principal de imputados y que se han reunido suficientes piezas de convicción (pruebas) que sustentan las acusaciones. Estos fundamentos incluyen:

1. Existencia de una Asociación Ilícita:

   • Se sostiene que Ramón Alberto «Tito» López actuó como jefe y organizador de una asociación ilícita.
   • La participación de su esposa, Librada Beatriz Romero, y la mención de sus hijos (David Alberto, Walter Ramón y Daniel Orlando López) en los hechos imputados, refuerza la idea de una estructura familiar y organizada destinada a cometer delitos de manera habitual y coordinada.

2. Defraudación contra la Administración Pública:

   • Se acusa a los imputados de ser coautores de fraude en perjuicio de la administración pública.
   • El mecanismo principal habría sido la utilización de fundaciones «fantasma» (menciona específicamente «Los Dueños de la Raza», «Buen Vivir y Trabajo», y «Construyendo País»). Estas entidades, sin empleados ni infraestructura real, habrían facturado millones al Estado, particularmente a través de organismos como el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), desviando así fondos públicos.

3. Lavado de Activos de Origen Delictivo:

   • Se imputa el delito de lavado de activos, agravado por la habitualidad y por haberse cometido de manera organizada.
   • El fiscal argumenta que el patrimonio y el estilo de vida de los acusados son incompatibles con sus ingresos declarados.
   • Se identificaron bienes muebles e inmuebles, vehículos, movimientos bancarios y fondos en efectivo cuya procedencia no pudo ser justificada, lo que indicaría que fueron obtenidos a través de las maniobras ilícitas y luego «blanqueados» para darles una apariencia de legalidad.

4. Impunidad y Desparpajo en la Operatoría:

   • El requerimiento destaca que la operatoria delictiva fue desarrollada con «impunidad y desparpajo», lo que sugiere una clara intención de los imputados de llevar a cabo los ilícitos de manera abierta, presumiblemente confiando en sus conexiones o en la falta de control.

En resumen, el fiscal Sabadini fundamenta la elevación a juicio en la evidencia que, a su criterio, demuestra la existencia de una organización criminal liderada por López, dedicada a defraudar al Estado mediante fundaciones ilegítimas para luego lavar el dinero obtenido ilícitamente, involucrando a su núcleo familiar en estas operaciones.

El fiscal Sabadini fundamenta la elevación a juicio en la evidencia que, a su criterio, demuestra la existencia de una organización criminal liderada por López, dedicada a defraudar al Estado mediante fundaciones ilegítimas para luego lavar el dinero obtenido ilícitamente, involucrando a su núcleo familiar en estas operaciones.

Próximos pasos: juicio oral y posible condena

Con la elevación parcial a juicio solicitada, ahora resta que el Juzgado Federal resuelva el requerimiento y, de aceptarlo, el expediente pasará a la etapa de juicio oral y público, donde las pruebas reunidas serán evaluadas por un tribunal.

Si bien aún no se precisó una fecha, se estima que el debate podría realizarse durante 2025. Los delitos imputados —lavado de activos agravado, asociación ilícita y fraude al Estado— conllevan penas de hasta 10 años de prisión y fuertes sanciones económicas.

Este expediente se suma a una serie de investigaciones de corrupción que sacuden a la provincia y que evidencian presuntas tramas de desvío de fondos públicos a través de organizaciones sociales, un fenómeno que se encuentra en la mira de la Justicia Federal chaqueña.

Repercusiones en la comunidad y el ámbito político

El caso López generó un amplio eco en la comunidad chaqueña, tanto por el impacto social de los fondos presuntamente desviados como por la exposición de un entramado que involucraría a fundaciones que —en teoría— debían asistir a sectores vulnerables. El avance hacia el juicio abre una nueva etapa judicial donde se buscará dilucidar responsabilidades y eventuales vínculos con funcionarios públicos o estructuras del poder político local.