La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles 21 de octubre el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el Gobierno de Javier Milei, en una votación ajustada que terminó con 124 votos afirmativos, 119 negativos y seis abstenciones. Durante el debate, el oficialismo aceptó reincorporar las restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, una modificación que obliga a devolver el proyecto al Senado para completar su tratamiento legislativo.

La iniciativa obtuvo el respaldo de La Libertad Avanza y distintos bloques aliados, mientras que Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y otros legisladores opositores votaron en contra.

Las abstenciones de diputados cordobeses resultaron relevantes para el resultado final de una votación que estuvo marcada por las negociaciones parlamentarias.

Uno de los puntos centrales fue la incorporación de disposiciones destinadas a restituir la Ley de Tierras Rurales 26.737, sancionada en 2011, que establece restricciones a la titularidad extranjera de superficies rurales.

La normativa contempla un límite del 15% de tierras rurales en manos extranjeras, tanto a nivel nacional como provincial y departamental. También establece restricciones adicionales para evitar la concentración de grandes extensiones en titulares de una misma nacionalidad.

Estas limitaciones habían sido objeto de derogación mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, firmado por el presidente Javier Milei al comienzo de su gestión.

Durante el tratamiento en particular, la restitución de la Ley de Tierras obtuvo un respaldo considerablemente más amplio que el proyecto general, con 239 votos a favor, cuatro en contra y seis abstenciones.

El cambio representó una modificación de la propuesta original del oficialismo, que había promovido la eliminación de las restricciones para la compra de campos por parte de extranjeros.

El proyecto también incorpora modificaciones en los procedimientos de expropiación, con nuevas exigencias para que el Estado pueda adquirir bienes privados por razones de utilidad pública.

Entre las disposiciones se encuentran criterios relacionados con la determinación de indemnizaciones, que deberán considerar el valor de mercado y el lucro cesante en los términos previstos por la iniciativa.

Asimismo, se proponen mecanismos para agilizar los desalojos de inmuebles ocupados y los procedimientos vinculados con el incumplimiento del pago de alquileres.

Desde el oficialismo sostienen que estas herramientas buscan reforzar la protección de los propietarios y brindar mayor seguridad jurídica.

En cambio, sectores opositores cuestionaron el alcance de algunas disposiciones, particularmente por las dificultades que podrían generar para concretar expropiaciones necesarias para obras públicas y por las consecuencias de los procedimientos abreviados de desalojo.

Aunque el proyecto consiguió la aprobación de la Cámara de Diputados, todavía no se convirtió en ley.

Debido a que el Senado había aprobado previamente una versión diferente, el texto deberá regresar a la Cámara alta para que los legisladores analicen las modificaciones incorporadas.

Allí se definirá si se aceptan los cambios introducidos por Diputados o si se insiste en la redacción anterior, conforme al procedimiento constitucional.

De esta manera, el Gobierno nacional consiguió avanzar con una de sus iniciativas legislativas, aunque debió modificar su propuesta sobre la adquisición de tierras rurales para alcanzar los acuerdos necesarios.

La definición sobre el texto definitivo quedará ahora en manos del Senado.