Fred Machado, financista de José Luis Espert, fue declarado culpable de lavado y fraude en Texas
El empresario Federico «Fred» Machado, que aportó para la campaña presidencial del economista José Luis Espert en 2019, fue formalmente declarado culpable de lavar activos provenientes del fraude con la venta de aeronaves y de operar un esquema de estafas en Estados Unidos. La decisión impacta en la causa que investiga la Justicia Federal argentina, que tiene como imputado al exdiputado libertario.
El 18 de mayo pasado, Machado admitió su responsabilidad en los delitos que se le imputaban en una audiencia en la que declaró junto a su abogada Jamie Solano ante el juez de instrucción Don D. Bush, en una audiencia que duró 16 minutos. Ahora, el juez de distrito Amos L. Mazzant, del Tribunal Federal para el Distrito Este de Texas, aceptó la comparecencia, pero aún no dictó la sentencia.
Según la resolución judicial el tribunal aceptó la declaración de culpabilidad de Machado pero aplazó «la aceptación del acuerdo de culpabilidad hasta después de la revisión del informe preprocesal”, en el que se analizan antecedentes y circunstancias del caso antes de fijar la pena. Esto quiere decir que, aunque su responsabilidad en los hechos ya fue definida, los términos de la condena todavía no fueron cerrados.
El empresario argentino, extraditado desde Viedma, Río Negro, hacia Houston, en noviembre del año pasado, primero se declaró “no culpable» pero después modificó su estrategia con el fin de conseguir un acuerdo, a partir de la recomendación de sus abogados. Como parte del trato, aceptó su responsabilidad en los cargos por lavado y fraude electrónico a cambio de que la Fiscalía General de Texas dejara caer el de narcotráfico.
La acusación por tráfico de drogas pesaba sobre él desde el inicio de la imputación, en 2020, y se trata de un delito que prevé penas mínimas de hasta diez años de cárcel y por el que aún está bajo arresto su socia, Deborah Mercer-Erwin. Con la declaración de culpabilidad, el exfinancista de Espert también evitó la posibilidad de ser juzgado por un jurado popular.
Según los documentos, Machado admitió haber realizado una maniobra a través de las firmas South Aviation Inc. y Pampa Aircraft Financing, controlados por él mismo desde el estado de Florida, mediante la cual captó los depósitos de inversores por la venta de aviones, que en realidad pertenecían a otras compañías y no estaban ofrecidos. La trama se combinaba con una sociedad que compartía oficinas y empleados con sus socios en Estados Unidos.
Fred Machado culpable en EE.UU: cómo sigue la causa en Argentina
Aunque el acuerdo se centró en los delitos económicos en Norteamérica, la sombra de la política local permanece. La Fiscalía de Texas incorporó como evidencia una transferencia de US$ 200.000 a Espert en enero de 2020, documentada por Bank of America y vinculada a una aeronave con matrícula N28FM, que usaba el propio Machado en Argentina.
La operación es investigada por el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, en una causa en la que el exlegislador nacional está imputado por lavado de dinero. Debido al avance que hubo el año pasado en la investigación sobre la financiación que le dio Machado, Espert terminó renunciando a su candidatura a diputado de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires.
Según explicó el economista, esa operación fue parte de una consultoría para la que fue contratado por el desarrollo de una mina en Guatemala, por un contrato de un millón de dólares. Finalmente el proyecto no se concretó, debido a la pandemia de Covid-19, por lo que solo habría cobrado una cuota.
En julio pasado, Espert se presentó ante el juez federal Lino Mirabelli y el fiscal Domínguez. Se negó a declarar y a través de un escrito aportó correos electrónicos que, en su postura, afirman que el contrato con Machado fue real.
Por el caso que enfrenta Machado en Texas, todavía falta conocer la condena. Por la conspiración para lavar activos podría enfrentar una pena máxima de 20 años de prisión, mientras que al fraude tiene una escala similar. En ambos casos podría tener hasta 3 años de libertad supervisada, además de multas y decomiso de bienes.
Su equipo de abogados espera que el tribunal estadounidense compute los cuatro años de prisión domiciliaria que el empresario tuvo en Viedma, luego de ser detenido en Bariloche, en 2021, y el tiempo que pasó en una cárcel privada de Oklahoma.
Fuente: Perfil
