El Gobierno impulsa un proyecto para cobrar salud y universidad pública a extranjeros sin residencia permanente
El Gobierno nacional avanzó con una iniciativa que propone establecer un sistema de arancelamiento para el acceso a determinados servicios de salud pública y estudios universitarios para personas extranjeras que no acrediten residencia permanente en la Argentina. La medida surge luego de un proyecto presentado por legisladores de La Libertad Avanza y el PRO en la provincia de Buenos Aires, y abrió un nuevo debate político sobre el financiamiento de los servicios estatales.
La propuesta plantea que los extranjeros sin residencia permanente deban afrontar costos por prestaciones sanitarias programadas en hospitales públicos provinciales y por carreras de grado en universidades estatales, mientras que quedarían exceptuadas las situaciones de urgencia o emergencia médica.
El proyecto toma como referencia las categorías migratorias establecidas por la legislación argentina y apunta a diferenciar entre quienes cuentan con residencia permanente y quienes permanecen en el país de manera transitoria o sin ese estatus.
Desde los sectores que impulsan la iniciativa argumentan que los recursos públicos deben priorizar a los ciudadanos residentes y que tanto la salud como la educación estatal son sostenidas con fondos provenientes de los contribuyentes.
En materia sanitaria, el planteo establece que los extranjeros alcanzados por la medida podrían acceder mediante el pago directo, un seguro médico o la intervención de un tercero obligado. Además, se contempla que la atención de emergencias no podrá ser rechazada ni condicionada por la falta de pago.
En el ámbito universitario, la iniciativa propone que las instituciones estatales determinen los valores y modalidades de cobro para estudiantes extranjeros sin residencia permanente, dejando en manos de cada universidad la implementación del esquema.
El debate se instaló en medio de la discusión política generada tras la final del Mundial 2026 y las repercusiones en redes sociales, contexto en el que distintos sectores del oficialismo retomaron el planteo sobre el acceso de extranjeros a servicios públicos argentinos.
La iniciativa deberá atravesar el tratamiento legislativo correspondiente para definir su alcance y eventual aprobación.
