Escándalo financiero en Paraguay: investigan el destino de más de USD 516 millones de fondos jubilatorios
Una denuncia penal presentada por el Instituto de Previsión Social (IPS) de Paraguay puso bajo investigación el manejo de más de 516 millones de dólares depositados en Ueno Bank, una entidad financiera intervenida por problemas de solvencia. Los recursos pertenecen al sistema de jubilaciones, pensiones y salud, y su recuperación se convirtió en una de las principales preocupaciones del Gobierno paraguayo.
La presentación judicial fue realizada el martes 10 de noviembre por el director jurídico del IPS, Pablo Morínigo, ante la Fiscalía especializada en delitos económicos.
La denuncia apunta a posibles hechos de lesión de confianza y asociación criminal, y solicita investigar tanto a los responsables de Ueno Bank como a las autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP) que pudieran haber intervenido en las operaciones.
De acuerdo con la documentación presentada, el organismo previsional mantenía aproximadamente USD 516,38 millones en distintas cuentas de la entidad bancaria.
De ese total, unos USD 358,72 millones corresponden a reservas vinculadas con jubilaciones, pensiones y contingencias.
Los restantes USD 157,66 millones estaban destinados a cuentas operativas relacionadas con prestaciones previsionales y servicios de salud.
La investigación deberá establecer qué ocurrió con esos recursos y determinar si existieron responsabilidades penales en su administración.
La intervención del banco desencadenó una crisis institucional que también involucró al expresidente Santiago Peña, destituido mediante un juicio político y actualmente detenido en el marco de las investigaciones.
A su vez, Carlos Carvallo, quien presidía el Banco Central, renunció y quedó a disposición de las autoridades judiciales.
La economista Liana Caballero, que asumió interinamente la conducción del organismo, también presentó su dimisión.
El presidente Pedro Alliana aseguró que la devolución de los recursos de jubilados y aportantes tendrá prioridad.
Según informó, alrededor de 1,74 millones de ahorristas ya recibieron reintegros por un total cercano a USD 330 millones mediante el Fondo de Garantía de Depósitos.
Mientras tanto, las autoridades investigan la situación de otros fondos públicos depositados en la entidad, cuya exposición global rondaría los 800 millones de dólares.
La denuncia penal busca determinar responsabilidades y avanzar en la recuperación del dinero comprometido, sin que hasta el momento exista una resolución judicial definitiva sobre los hechos investigados.
