¿Fiscal o abogado defensor? Las polémicas anomalías procesales del fiscal Marcelo Soto
Incurrió en la creación de figuras inexistentes y llamativas contradicciones para sostener el rol de querellante del diputado Pérez Pons. Los intrigantes hilos políticos detrás de la Fiscalía N° 3 de Sáenz Peña.
¿Qué intereses se mueven detrás de la Fiscalía N° 3 de Presidencia Roque Sáenz Peña? Una serie de curiosas particularidades procesales cometidas por su titular, el fiscal Marcelo Soto, abren un severo interrogante sobre la imparcialidad de su gestión.
A continuación, los cinco hechos que exponen un presunto trato preferencial y contradicciones de gravedad institucional:
1. El «Querellante Inventado»: El fiscal Soto le otorgó la condición de querellante al diputado provincial Santiago Pérez Pons, omitiendo que el legislador no reunía los requisitos legales exigidos por el Código Procesal Penal de la provincia.
2. Creatividad jurídica al margen de la ley: al advertir la debilidad de su primera decisión, Soto recurrió a una maniobra inédita: inventó la figura de «Querellante Provisorio», una categoría jurídica absolutamente inexistente en nuestra legislación procesal.
3. Defensas corporativas y errores técnicos: Cuando las partes plantearon la nulidad de este invento procesal, el fiscal apeló la resolución invocando un artículo erróneo del código. Lo insólito es que el fiscal asumió la defensa activa de la posición del diputado, un rol que —por estricta lógica procesal— debió haber ejercido el propio Pérez Pons a través de sus abogados particulares. Esta vehemencia analítica y recursiva hace parecer que el fiscal actúa más como el secretario privado del diputado que como un magistrado neutral.
4. La doble vara ante las recusaciones: La tensión escaló cuando el abogado Juan Arregín asumió la representación legal de Bruno Cipolini y recusó a Soto. Previamente, Arregín había denunciado a Soto ante el Consejo de la Magistratura, razón por la cual el fiscal se inhibió (se apartó) de numerosas causas alegando «violencia moral». Sin embargo, en este expediente en particular, Soto se resiste a aceptar la recusación y se niega a apartarse. ¿Por qué la misma causal funciona para otros casos pero no para este?
5. Interrogantes de fondo: ¿Qué intereses reales subyacen para que el fiscal Soto retenga esta causa a toda costa?
La acumulación de estas anomalías obliga a preguntarse si la Fiscalía N° 3 se ha calzado un ropaje político. ¿Se trata de fuego amigo o de una estrategia enemiga? El dilema queda planteado en los pasillos de los tribunales de Sáenz Peña, mientras la opinión pública empieza a posar la mirada sobre otra arista que promete generar ruido: la evolución patrimonial del cuestionado magistrado.
