La corte suprema dejó firme la condena al exfuncionario judicial chaqueño por espionaje ilegal
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la condena a cuatro años de prisión y ocho años de inhabilitación para ejercer cargos públicos contra el chaqueño Pablo Carlos Molina, exsecretario de la Secretaría Penal N° 2 del Juzgado Federal de Corrientes. El máximo tribunal, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó por inadmisible mediante el artículo 280 del Código Procesal el recurso presentado por la defensa, dejando firme el fallo por abuso de autoridad y falsedad ideológica de documento público.
Los hechos se remontan a 2014, cuando Molina utilizó una causa por narcotráfico en trámite para dar cobertura legal al pinchazo de dos líneas telefónicas correspondientes a su esposa, Carolina Etel Codutti, y a Norberto Sucatzky, a quien señalaba como su presunto amante. Confeccionó un oficio con membrete oficial, obtuvo la firma del juez federal Carlos Vicente Soto Dávila y envió la orden a la Gendarmería Nacional. La maniobra incluyó la indicación expresa de no desgrabar las escuchas y remitir los audios directamente a su oficina.
El espionaje se descubrió en marzo de 2019 durante un relevamiento en la sede judicial, donde se hallaron 28 discos compactos con las grabaciones sin vinculación con el expediente de drogas. Entre los archivos figuraban conversaciones cruzadas entre el propio funcionario y su cónyuge con insultos y amenazas, lo que derivó en la derivación de actuaciones a la Justicia del Chaco por razones de jurisdicción.
En 2025, el Tribunal Oral Federal de Corrientes dictó la sentencia inicial. Tras la posterior confirmación de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal en abril de este año, la resolución de la Corte Suprema agotó las vías recursivas y cerró de manera definitiva el proceso contra el exfuncionario e hijo del exministro del Superior Tribunal de Justicia chaqueño, Eduardo Molina.
Redacción Infoqom
