La Justicia ordenó cesar publicaciones «agraviantes» en redes sociales porque no pudo resolverlo como hombre
Una resolución del Juzgado Civil y Comercial 2 de Resistencia ordenó el cese inmediato de publicaciones en redes sociales que, según el fallo, vulneraban derechos personalísimos de los involucrados. La medida fue dictada en el marco de una acción de amparo presentada por uno de los afectados, quien denunció que se difundían imágenes, audios y videos en su contra sin su consentimiento.
El hombre que acudió a la Justicia es un concejal capitalino que no suele trascender por su labor legislativa ni por recorrer los barrios, sino por su actividad privada, que despierta críticas frecuentes por parte de la ciudadanía. Lejos de corregir esas conductas y enfocarse en su rol institucional, el edil eligió recurrir a los tribunales para intentar silenciar a quienes lo cuestionan.
El conflicto que motivó la denuncia escaló en redes sociales, donde dos mujeres protagonizaron una disputa pública por él, exponiendo detalles íntimos y acusaciones cruzadas en las red social de Facebook. Al no poder resolver el conflicto como hombre ni hacerse cargo de las consecuencias de sus actos, el concejal optó por judicializar una situación que él mismo generó y que no pudo afrontar por sí solo, echando la culpa a INFOQOM y en términos injuriantes hacia este medio.
El juzgado resolvió hacer lugar a la solicitud -como indica el protocolo legal- y dispuso que tanto el demandado como sus allegados o cualquier otra persona que actúe en su nombre se abstengan de continuar publicando o replicando contenido que atente contra la vida privada, el honor o la imagen del denunciante. Además, se prohibió expresamente realizar nuevas publicaciones de carácter «agraviantes» o «difamatorias».
La resolución también establece que las redes sociales utilizadas para la difusión del contenido deberán eliminar el material, y que el incumplimiento de la orden judicial podría dar lugar a sanciones. La notificación fue suscripta por la jueza a cargo y comunicada a las partes a través de los canales oficiales del Poder Judicial.
El caso vuelve a poner en debate los límites entre la libertad de expresión y el respeto a los derechos individuales, especialmente en el contexto de las redes sociales, donde las publicaciones pueden alcanzar una gran difusión en poco tiempo. Pero NO fue tenido en cuenta que un FUNCIONARIO PÚBLICO DEBE ESTAR EXPUESTO AL ESCRUTINIO CÍVICO y DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, MÁS AÚN CUANDO UNA DE LAS PARTES YA LO EXPUSO UNIVERSALMENTE ya que al publicar en Facebook lo hace para el mundo entero y casi eternamente.
Este tipo de causas también reaviva el debate sobre el uso de la Justicia para callar voces disidentes y escudarse detrás de tecnicismos legales.
En nombre del derecho a la intimidad, algunos funcionarios intentan frenar manifestaciones críticas legítimas, forzando al sistema judicial a intervenir en conflictos que podrían haberse evitado con un comportamiento coherente, ético y respetuoso. En lugar de actuar con principios y asumir las consecuencias de sus decisiones privadas, el concejal decidió trasladar el costo —económico y simbólico— a una Justicia ya colapsada, desviando recursos que deberían destinarse a causas verdaderamente urgentes.
