La Justicia federal desplegó más de 20 allanamientos en Santa Cruz y Buenos Aires en el marco de dos investigaciones que buscan establecer posibles conexiones entre una organización dedicada al tráfico de cocaína y una estructura vinculada con la administración de bienes de origen presuntamente ilícito. Entre los investigados se encuentra el empresario Lázaro Báez, su pareja y otras personas relacionadas con el manejo de su patrimonio.

Los procedimientos comenzaron el lunes 9 de noviembre y continuaron este martes en distintos inmuebles de Río Gallegos, El Calafate, establecimientos rurales de Santa Cruz y propiedades ubicadas en Buenos Aires.

Las medidas fueron autorizadas por el juez federal de garantías Claudio Marcelo Vázquez, a partir de requerimientos de la Unidad Fiscal Río Gallegos y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Una de las causas intenta determinar si una organización utilizaba camiones de una empresa transportista para trasladar cocaína desde, al menos, diciembre de 2025.

Los investigadores sospechan que dos hombres participaban en la distribución de los estupefacientes y que un lavadero habría funcionado como punto de entrega.

A partir de esas averiguaciones surgió una segunda investigación centrada en el patrimonio de Lázaro Báez.

La hipótesis judicial apunta a una presunta estructura dedicada a administrar y comercializar bienes que habrían quedado fuera del alcance de las medidas de ejecución de las condenas del empresario.

Entre las personas investigadas figura Claudia Insaurralde, pareja de Báez, además de un chofer y otros posibles participantes.

Durante los allanamientos, las fuerzas de seguridad incautaron estupefacientes, documentación y vehículos considerados relevantes para las investigaciones.

También se ordenaron embargos y el levantamiento del secreto bancario y fiscal de los involucrados, con el propósito de reconstruir movimientos patrimoniales y financieros.

Los procedimientos contaron con la participación de la Policía de Santa Cruz, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina.

Las actuaciones están impulsadas por los fiscales Julio Zárate y Diego Velasco.

Actualmente, Báez cumple una condena de diez años vinculada con los expedientes conocidos como Ruta del Dinero K y Vialidad.

La nueva investigación continúa en desarrollo y busca determinar las responsabilidades individuales y si existió una conexión efectiva entre las dos presuntas organizaciones delictivas.