Levantaron el secreto bancario de Capitanich y sus hijas: la Justicia investiga lavado de activos y fraude con tierras fiscales
La causa por presunto lavado de activos que involucra al exgobernador del Chaco, Jorge Capitanich, sumó nuevos movimientos judiciales. La Fiscalía Federal de Sáenz Peña pidió informes a organismos nacionales para rastrear posibles maniobras financieras sospechosas vinculadas tanto al exmandatario como a su entorno familiar directo.
Según la documentación el pedido forma parte de la etapa probatoria del expediente que investiga fraude contra la administración pública, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, malversación de fondos y lavado de dinero agravado. El requerimiento incluye no solo a Capitanich, sino también a sus hijas Jorgelina Ema y María Guillermina Capitanich, además de Sheina Marlene Waicman —ex titular del Instituto de Colonización— y su pareja Darío Ariel Zaks.
La orden fue emitida a pedido del fiscal federal Carlos Amad, en el marco de una causa originada por una denuncia presentada por Ana María Canata, actual presidenta del Instituto de Colonización. En el centro de la escena: adjudicaciones de tierras fiscales durante el gobierno de Capitanich que habrían beneficiado a funcionarios, familiares y empresarios allegados.
Entre las diligencias, se solicitó a la Unidad de Información Financiera (UIF) que informe si existen reportes internos o externos de operaciones financieras sospechosas que involucren a los investigados. A su vez, se pidió al Banco Central de la República Argentina (BCRA) que remita un detalle individualizado de los productos financieros de todos ellos desde 2020 hasta 2024, incluyendo fechas de apertura y cierre, y los movimientos mensuales acreditados y debitados.
Además, se libró oficio al Registro Público de Comercio para que informe si las personas mencionadas tienen participación en sociedades comerciales registradas. En caso afirmativo, se ordenó que se remitan copias certificadas de los contratos sociales y cualquier modificación realizada desde su constitución.
Un esquema sistemático de fraude
El requerimiento del Ministerio Público sostiene que durante la gestión de Capitanich operó un esquema sistemático de fraude, sustentado en decretos y resoluciones irregulares para entregar tierras y otorgar subsidios de manera discrecional. Según la hipótesis fiscal, se habría conformado una red para desviar fondos públicos y facilitar el enriquecimiento ilícito a través de empresas pantalla y testaferros.
El expediente judicial ya cuenta con documentación oficial, registros societarios, declaraciones juradas y movimientos bancarios que mostrarían inconsistencias entre los ingresos declarados y los fondos efectivamente acreditados. Las pruebas recolectadas hasta ahora habrían encendido las alarmas tanto en la UIF como en el BCRA.
Por otro lado, se recuerda que aún están pendientes las indagatorias a los imputados, instancias clave para determinar si el caso avanza hacia un procesamiento formal. Las audiencias previstas inicialmente para abril fueron suspendidas a raíz de recursos presentados por las defensas, entre ellas la del exministro Santiago Pérez Pons, otro nombre pesado del círculo íntimo de Capitanich.
El cerco judicial se cierra
El silencio del exgobernador contrasta con el avance firme de la Justicia. Las medidas dispuestas en las últimas semanas muestran que el expediente ya no apunta solo a funcionarios de segunda línea, sino al corazón del poder político chaqueño durante la era Capitanich.
La causa sigue sumando volumen y expectativas en medio de una creciente atención pública y mediática, dada la magnitud del presunto delito y el perfil de los implicados. Con el levantamiento del secreto bancario ya autorizado, se espera que en los próximos días comiencen a llegar los primeros informes de los organismos nacionales. El cerco judicial sobre el exgobernador se estrecha. Y cada movimiento deja al descubierto una trama que, de comprobarse, podría representar uno de los escándalos de corrupción más graves de la historia reciente del Chaco.
