Otra bomba de Capitanich: dejó a Chaco en el cuarto lugar en el ranking provincial de Presos en Comisarías
Por Carlos Prette para INFOQOM
El problema de la falta de plazas en establecimientos penitenciarios de nuestra provincia derivó en un problema mayor todavía: la superpoblación y el colapso de presos en las comisarías. Es otra de las bombas a punto de estallar que dejó la gestión Capitanich en materia de Seguridad.
Según un informe del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) al 31 de diciembre de 2022, Chaco ocupaba el cuarto lugar en el ranking provincial de personas privadas de libertad por orden judicial en las comisarías de la provincia, siendo la peor del NEA.
El reporte indica que, del total de 2.377 personas privadas de libertad por el sistema judicial chaqueño, 1.119 de ellas permanecían encerradas en las comisarías de la provincia. O sea que el 47% del total de procesados y condenados que debían alojarse en establecimientos penitenciarios estaban encerrados y hacinados en unidades policiales. Un problema que está lejos de solucionarse.
Un año antes, Capitanich había decretado la emergencia de las condiciones de detención en dependencias policiales, por el plazo de un año, a través del Decreto N° 2821/2021, donde se reportó que había 1.359 personas privadas de libertad por orden judicial en distintas unidades policiales de la provincia, cuando la capacidad total de alojamiento era de 546 plazas. Quiere decir que había una superpoblación promedio del 150% aproximadamente con relación a la capacidad instalada en las comisarías.
El área metropolitana del Gran Resistencia es el que mostraba los peores indicadores de superpoblación de presos en comisarías, ya que existen solo 200 plazas para alojamiento en los calabozos de las comisarías y al 31/12/2021 permanecían alojadas 647 personas. La superpoblación promedio era del 220% o sea que las personas alojadas más que triplicaban la capacidad instalada. En comisarías emblemáticas como la Quinta del Barrio Güiraldes la superpoblación por momentos más que cuadruplicaba las plazas disponibles.
¿Qué se hizo en los últimos años para solucionar este grave problema en el Chaco?
No se hizo prácticamente nada para mitigar la situación. Por el contrario, la tendencia indica el agravamiento de las condiciones de detención ilegal en unidades policiales.
Según la Constitución Nacional “Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas…”. Pero la realidad es que, además de tener cárceles que no son ni sanas ni limpias, hay miles de personas encerradas en calabozos de comisarías que no están preparadas para cumplir las finalidades de las penas y de los que nadie puede salir mejor de lo que entró.
La manda constitucional también establece que “toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice” (art. 18, C.N.).
Las comisarías carecen de estructuras necesarias para cubrir las necesidades básicas de las personas privadas de libertad, como ser salud, alimentación, condiciones de habitabilidad y muchas veces hasta carencias sanitarias como un baño. El objetivo de resocialización que deberían cumplir las cárceles es imposible de alcanzar para las personas detenidas en comisarías.
Los puntos negros de la comida no se trata de condimentos, sino de gorgojos.
Cada una de esas personas está allí porque un juez lo permite y se desentiende de las condiciones de detención de las personas que esperan su juicio, y muchas veces, cumpliendo condena, excepto Horacio Rey, que es el único preso VIP del Chaco en la División de Bomberos de Resistencia, claramente es un beneficio del Poder Judicial del Chaco ya que la gestión de Domingo Peppo propició el ascenso a velocidad de la luz de algunos jueces muy ligados a funcionarios de su gestión, que hoy ya son camaristas.
Esta situación es una clara violación de la Constitución Nacional, y un incumplimiento de estándares internacionales y sentencias de nuestra Corte Suprema. Es momento de exigir la responsabilidad de cada juez y la intervención urgente del sistema judicial y de los demás poderes del Estado.
