Declaración judicial de jubilada complica la investigación sobre el departamento de Adorni en Caballito
Una de las acreedoras del jefe de Gabinete aseguró ante la Justicia que la operación inmobiliaria fue impulsada por su hijo y que desconoce detalles clave del negocio bajo investigación.
En el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Manuel Adorni, una de las jubiladas que figura como acreedora en la compra de su departamento en Caballito declaró en tribunales y puso en duda su propio rol en la operación. La testigo sostuvo que la venta del inmueble fue gestionada por su hijo y afirmó no tener conocimiento pleno sobre los términos del acuerdo.
La mujer, identificada como Claudia Sbabo, compareció ante el fiscal federal Gerardo Pollicita en los tribunales de Comodoro Py. Durante su testimonio, indicó que la oportunidad de negocio surgió a partir de un contacto cercano a Adorni, y que fue su hijo quien se encargó de llevar adelante las gestiones vinculadas a la transacción.
El expediente judicial investiga la adquisición de un departamento ubicado en la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito, operación que se concretó mediante un esquema de financiamiento inusual: dos jubiladas actuaron como prestamistas del funcionario, cubriendo cerca del 90% del valor total del inmueble.
Además de Sbabo, también declaró Beatriz Viegas, la otra acreedora, quien junto a su par figura como titular original del bien antes de la venta. Ambas mujeres habrían otorgado un crédito hipotecario que permitió cerrar la compra, lo que ahora es objeto de análisis judicial por posibles inconsistencias patrimoniales.
La investigación busca determinar el origen de los fondos y la trazabilidad de la operación, así como establecer si existieron intermediarios o mecanismos irregulares en la compraventa. En ese contexto, el rol de terceros —incluidos familiares de las acreedoras— se convirtió en un punto central para los investigadores.
El caso se inscribe en una serie de medidas impulsadas por la fiscalía para reconstruir la evolución patrimonial del funcionario y verificar la correspondencia entre sus ingresos declarados y las operaciones inmobiliarias realizadas en los últimos meses.
