La gestión de Marta Soneira en la mira: abren prueba en un juicio de cuentas por más de 5 millones de dólares
El organismo de control apuntó a la exministra y a los exfuncionarios Alan Strusiat y Alejandro Benítez. Requieren expedientes y liquidaciones finales de obras, al tiempo que advirtieron deficiencias en las pruebas presentadas por las defensas.
El Tribunal de Cuentas del Chaco dispuso la apertura de una etapa probatoria en un juicio de cuentas por $911.480.073,39 que involucra a Marta E. Soneira, Alan Eduardo Strusiat y Alejandro Ariel Benítez. La medida incluye un requerimiento de documentación al Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible, relacionado con las obras observadas en el expediente.
La decisión consta en la Disposición N.º 254/2026 de la Sala I, fechada el 18 de junio de 2026, en el expediente N.º 401-35391-E. El documento resuelve cuestiones vinculadas con los descargos y las pruebas ofrecidas por las personas sometidas al procedimiento.
Se trata de una medida de trámite dentro del juicio de cuentas: el documento no contiene una decisión definitiva sobre responsabilidades ni establece que el monto señalado constituya un perjuicio patrimonial acreditado.
La cifra actualizada a 2026, es supermillonaria y no es una anécdota: tomando el valor Oficial del dólar al 15 de diciembre de 2022 en $178,50, esa suma asciende a dólares 5.106.330,94. Hoy en pesos significa 7.804.107.707,35 ( Se lee: siete mil ochocientos cuatro millones ciento siete mil setecientos siete pesos con treinta y cinco centavos.).
Las observaciones a los descargos
Respecto de Alejandro Benítez, el Tribunal tuvo por presentado su descargo dentro del plazo otorgado y por ofrecida la prueba informativa e instrumental. Sin embargo, dejó constancia de que, aunque el escrito hacía referencia a documentación acompañada, no adjuntó documentación alguna a su descargo.
En cuanto a Marta Soneira, el organismo consideró cumplido el requerimiento de individualizar y acompañar documentación relacionada con las observaciones del expediente. Aclaró que esos elementos serán evaluados al momento de emitir el informe previsto en el artículo 50 de la Ley N.º 831-A.
Distinta fue la valoración sobre otro punto de su ofrecimiento probatorio. El Tribunal advirtió que el pedido de remisión de actuaciones electrónicas era genérico: no identificaba los números de los expedientes requeridos ni precisaba cuáles correspondían a las obras observadas.
Por ese motivo, no tuvo por cumplido ese aspecto del emplazamiento. No obstante, señaló su similitud con la prueba ofrecida por Strusiat, que sí se encontraba especificada, y remitió a lo dispuesto sobre ella.
Respecto de Alan Eduardo Strusiat, la Sala I consideró cumplido el requerimiento de precisar la prueba informativa e instrumental, a partir de la presentación efectuada dentro del término concedido.
Qué documentación solicitó el Tribunal
La disposición abrió la causa a pruebas por 40 días, contados desde su notificación, para tramitar la prueba ofrecida por Strusiat.
En ese marco, ordenó librar un oficio al Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible, al que otorgó un plazo de 10 días para remitir:
- Las actuaciones de liquidación final que se hubieran formulado respecto de dos expedientes electrónicos identificados en la disposición.
- Las actuaciones electrónicas correspondientes a obras vinculadas con tres convenios individualizados en el documento.
- Copias certificadas de los libros de notas de pedidos y de órdenes de servicio de esas obras.
Estos elementos deberán incorporarse al procedimiento para su evaluación junto con los descargos y las restantes constancias del expediente.
Una causa pendiente de resolución de fondo
La medida también dio intervención al Departamento de Control Procesal para el cómputo de los plazos y ordenó notificar a las personas enjuiciadas y a la fiscal interviniente.
La disposición lleva las firmas de Oscar Alfredo Cáceres, vocal subrogante, y Juan José Antonio Fuentes Castillo, vocal presidente coordinador de la Sala I.
La Fiscalía Federal ya había requerido documentación a Soneira en 2023
Un oficio de la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Resistencia, fechado el 17 de noviembre de 2023, da cuenta de un pedido de información dirigido a la entonces ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible del Chaco, Marta Soneira, sobre el proyecto de urbanización del barrio La Rubita.
El documento, identificado como Oficio N.º 1163/23, transcribe una disposición del fiscal federal Patricio Nicolás Sabadini, del 3 de noviembre de ese año, que solicitaba informes sobre el convenio bajo el cual se ejecutaba la obra y la remisión de copias digitalizadas de ese instrumento. El requerimiento fue realizado en el marco del expediente F.F. N.º 235/23.
¿Es otro de los «Jerry» que se le escapó a Tom?
Presuntamente, este es otro caso más que se le escapó al fiscal federal Patricio Sabadini y casualmente se trata de una pieza muy importante de la última gestión de gobierno de Jorge Milton Capitanich.
Dicen que en los tableros complejos, a veces las piezas principales se mueven en esquinas sombreadas donde los reflectores no siempre alcanzan a enfocar con la misma intensidad.
La metáfora del «Jerry» que se escurre desliza esa vieja sospecha de pasillo: la idea persistente de que, mientras los expedientes avanzan sobre los eslabones visibles o periféricos, las figuras nodales de aquel entramado parecen esquivar el rastro del ministerio público, quedando a resguardo de la tormenta judicial.
¿Es una omisión calculada, un callejón procesal o simplemente el límite de lo que la marea deja ver? En los corrillos judiciales, la pregunta queda flotando en un susurro: «no lo toca nunca a su Jefe».
