Transporte en crisis: empresarios piden suspensiones y congelamiento salarial, y la UTA advierte sobre paros
La empresa TCM formalizó un procedimiento preventivo de crisis y propuso reducir salarios y suspender trabajadores. La UTA cuestiona la falta de asistencia estatal y anticipa posibles medidas de fuerza si no se cumplen los pagos el 22 de julio. La próxima semana habrá nuevas reuniones técnicas.
Raúl Abraham confirmó que ERSA, al igual que TCM, presentó un procedimiento preventivo de crisis ante la Dirección Provincial del Trabajo, quedando “prácticamente en quiebra” y poniendo en riesgo unos 500 puestos de trabajo. Ambas empresas dejaban de recibir antes hasta $1.600 millones mensuales en subsidios nacionales (entre fondo compensador y Tarifa Social Federal), retirados por decreto a principios de año.
En resumen: ERSA solicitó un procedimiento de crisis similar al de TCM, argumentando inviabilidad económica por la pérdida de subsidios y caída en la demanda. Su plan incluye suspensiones y recortes de sueldo, una estrategia que el sindicato considera inaceptable y frente a la cual no descarta impulsar medidas de fuerza si se concreta.
Tal lo adelantó el viernes Infoqom, el conflicto en el sistema de transporte público sumó este jueves un nuevo capítulo con la presentación formal del procedimiento preventivo de crisis por parte de TCM, una de las empresas concesionarias que explota varias líneas en el Gran Resistencia. La firma plantea un escenario de insolvencia económica y propone suspensiones rotativas de personal y congelamiento salarial. Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA), su secretario general Raúl Abraham advirtió: “Si no hay pagos el 22, el 23 arrancan los paros”.
La audiencia de conciliación se realizó en la sede de la Dirección Provincial del Trabajo, donde también estuvo presente el presidente de la Cámara de Transporte, Gustavo Larrea, como patrocinador legal de TCM. Larrea detalló que el 71% de los ingresos actuales de las empresas se destina a cubrir salarios, un porcentaje que consideran inviable para continuar operando.
Entre las alternativas que plantea la empresa se encuentra un esquema de suspensiones rotativas: 15 días sin trabajar cada dos meses, con el cobro del 50% del salario en carácter no remunerativo. También solicitaron retrotraer los salarios a la escala vigente en enero, donde el sueldo inicial era de $1.200.000.
El argumento central de las empresas es la conjunción de una menor demanda de pasajeros —por el auge de servicios alternativos como remises, taxis y aplicaciones como Uber y DiDi— y el recorte de subsidios tanto a nivel nacional como provincial. “La situación no es exclusiva del Chaco. Está ocurriendo en todo el país desde que el gobierno de Milei eliminó el fondo compensador para el interior”, apuntó Abraham.
Abraham alertó que ERSA pidió suspender al 20 % del personal por 60 días y reducir los salarios en carácter no remunerativo, lo cual el sindicato rechazó: “No lo vamos a permitir; lucharemos hasta el final”. También señaló que esta medida no es culpa de los choferes, sino de las empresas y del Estado.
Comité técnico y próximos pasos
La Dirección Provincial de Trabajo convocó para el lunes a un comité técnico integrado por contadores y abogados de ambas partes para analizar la documentación presentada por las empresas, que también incluye datos aportados por la Subsecretaría de Transporte sobre los fondos girados este semestre. El miércoles está prevista una audiencia con la empresa ERSA, que también inició un procedimiento similar.
Desde la UTA anticiparon que evaluarán con su equipo profesional los fundamentos del pedido empresarial. “Tenemos que verificar con nuestros contadores si es real lo que dicen. Ellos deben demostrar que no pueden pagar. Y nosotros veremos si aceptamos o no lo que proponen”, expresó Abraham.
Además, advirtió sobre la tensión que puede escalar si no se regularizan los pagos: “El día 22 las empresas deben pagar deudas por aguinaldos y otros conceptos. Si no lo hacen, el 23 arrancan las medidas de fuerza”.
Críticas al Estado
Abraham fue contundente al responsabilizar al Estado en sus dos niveles: “El gobierno provincial debería tener más empatía con los trabajadores. No se trata solo del chofer, sino del laburante que toma el colectivo para ir a trabajar, y que ya está bajo la línea de pobreza. Nadie está viendo eso”.
Raúl Abraham apuntó directamente contra el Gobierno nacional por la profundización de la crisis en el sector: “Esto está pasando en todo el país desde que el gobierno de Milei eliminó el fondo compensador, que era una asistencia clave en subsidios para las empresas del interior. Al sacarlo, dejó a muchas sin posibilidad de sostenerse”. Además, cuestionó el impacto de esta decisión en la estructura del sistema: “Hoy, con menos recursos y menos pasajeros, las empresas están al borde del colapso y los trabajadores, al borde del desempleo”.
Y agregó: “No se puede hablar de una salida si el Estado no interviene. El gobierno parece querer que todos seamos pobres. Hay despidos todos los días y no les interesa”.
El clima es de alerta. Las reuniones técnicas de la semana próxima serán clave para definir si se abre una vía de negociación viable o si, como ya anticipa el gremio, el conflicto desemboca en nuevas medidas de fuerza.
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