La investigación por la mujer acusada de ejercer ilegalmente la medicina en el Hospital de Quitilipi tuvo un nuevo avance judicial. La Fiscalía agravó la imputación contra Lidia Mabel Ojeda y extendió la acusación a quienes fueron directores del establecimiento, Carina Villalba y Daniel Acuña, por su presunta responsabilidad en la atención que recibió Lorenzo Blanco antes de su muerte.

    El fiscal Marcelo Soto modificó el alcance de la acusación y sumó nuevas figuras penales al expediente. Para la Fiscalía, la situación de los tres involucrados debe ser analizada en función de los distintos hechos que forman parte de la investigación.

    Ojeda está acusada de haber ejercido la medicina sin contar con el título profesional ni la matrícula correspondiente. La pesquisa sostiene que habría cumplido funciones dentro del Hospital de Quitilipi y atendido a pacientes durante ese período.

    A partir de la investigación por la muerte de Lorenzo Blanco, la Fiscalía incorporó a la acusación la figura de homicidio con dolo eventual. La hipótesis deberá ser analizada durante el proceso judicial para determinar si existe responsabilidad penal por la atención brindada al paciente.

    La reformulación también alcanzó a Carina Villalba y Daniel Acuña, quienes se desempeñaron como directores del hospital en distintos períodos. Ambos quedaron vinculados a la causa como presuntos partícipes necesarios del ejercicio ilegal de la medicina y del homicidio con dolo eventual investigado.

    Según la acusación, durante sus gestiones no se habrían realizado los controles necesarios para verificar la documentación profesional de Ojeda antes de que desarrollara tareas médicas en el establecimiento.

    De esta manera, el expediente ya no se concentra únicamente en determinar si Ojeda ejerció ilegalmente la medicina, sino que también busca establecer si existieron responsabilidades de quienes tenían a su cargo la conducción del hospital.

    La causa continúa en etapa de investigación y la Justicia deberá determinar, a partir de las pruebas incorporadas al expediente, el grado de responsabilidad que corresponde a cada uno de los imputados.